Un Enfoque Jurídico sobre la Verdad que Revelarán las Cajas Negras
El reciente gran apagón ocurrido en España el día 29 de abril de 2025 ha generado un sinfín de interrogantes desde el punto de vista jurídico, político y social. Aunque inicialmente se atribuyó a una avería técnica o ciberataque, la magnitud del suceso y su impacto en infraestructuras críticas exige una investigación exhaustiva que respete los principios del Estado de Derecho.
Las responsabilidades jurídicas en juego
En un evento de esta naturaleza, deben activarse mecanismos legales que permitan esclarecer:
- Si hubo negligencia por parte de entidades públicas o privadas encargadas del suministro eléctrico.
- Si existió vulnerabilidad intencionada (ciberataque o sabotaje).
- Si se cumplieron los protocolos de notificación y transparencia frente a la ciudadanía.
- Si el gobierno adoptó medidas proporcionales conforme a lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional o el estado de alarma.
Todas estas cuestiones pueden derivar en acciones judiciales o reclamaciones patrimoniales si se confirma que hubo omisiones o actuaciones irregulares.
El papel de las «cajas negras«: la verdad no se borra
En el contexto de este apagón masivo, se hace referencia a las llamadas «cajas negras» del sistema eléctrico y de los centros de control de datos. Estos dispositivos, al igual que en la aviación, registran información crítica sobre el funcionamiento de las infraestructuras antes, durante y después del incidente.
Desde el punto de vista legal, las cajas negras pueden convertirse en prueba clave en una futura investigación judicial. Su análisis podrá:
- Determinar la trazabilidad de las decisiones operativas.
- Identificar si hubo alertas ignoradas o acciones deliberadas.
- Verificar el tiempo de respuesta y la comunicación entre organismos implicados.
Como en todo procedimiento con implicaciones de interés público, la custodia y acceso a esta información debe estar garantizada conforme a la ley, con auditorías externas e independientes.
Implicaciones para la ciudadanía y el tejido empresarial
El apagón no solo ha causado pérdidas económicas y caos en servicios esenciales como hospitales, transportes o telecomunicaciones, sino también ha generado una sensación de inseguridad institucional.
Desde Munayza Abogados, consideramos que se deben proteger los derechos de las personas afectadas, incluyendo:
- Derecho a reclamaciones por daños personales o patrimoniales.
- Derecho a la información veraz sobre lo sucedido.
- Derecho a la tranquilidad institucional y seguridad jurídica.
Conclusión: la verdad tiene memoria jurídica
A medida que la investigación avance, es probable que la versión oficial sufra matices o incluso contradicciones. Sin embargo, las cajas negras tecnológicas y los mecanismos legales existentes servirán para restablecer la verdad.
La transparencia, la rendición de cuentas y el respeto al marco jurídico son las herramientas para evitar que un hecho como este quede impune o mal explicado.
